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El 24 de junio de 1972, en el Convento de los Padres Oblancos de Pozuelo de Alarcón fueron detenidos los dirigentes de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, iniciándose el denominado Proceso 1001. Los 10 de Carabanchel: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Francisco García, Fernando Soto, Juan Muñiz, Francisco Acosta, Miguel ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luís Fernández. Su juicio y condena les convertiría en figuras públicas, víctimas de la persecución al movimiento obrero y en especial a las Comisiones Obreras. Con repercusión estatales e internacionales y con un amplio movimiento de solidaridad, con el consiguiente desenmascaramiento del régimen. Un juicio a la Clase Obrera y una demostración tangible de la falta de libertad en España.
La defensa de los encausados estuvo desarrollada por un grupo de abogados y abogadas pertenecientes a todas las tendencias del antifranquismo del momento. Desde prestigiosos juristas como Marcial Fernández Montes, Alfonso del Cossío y Corral, democristianos como Joaquín Ruiz Giménez, socialistas como Enrique Barón, comunistas del PCE como Manolo López , Cristina Almeida y la ORT como Francisca Sauquillo, abogados como Adolfo Cuellar, Guillermo García Lacunza (sustituido por Jaime Sartorius) y el mismísimo José María Gil Robles.